Estamos siendo testigos de un desacuerdo trascendental, innecesario y coyuntural entre los socios comerciales del T-MEC, a partir de la solicitud de consulta presentada el 20 de julio pasado por los Estados Unidos de América, en la cual se plantea que México ha violado diversas disposiciones del acuerdo comercial tripartito, a través de la adopción de diversas medias legislativas y administrativas que favorecen a las empresas productivas del estado PEMEX y CFE y a sus intereses, afectando directamente las inversiones y proyectos de los inversionistas norteamericanos en México en este sector.
Como sabemos, el día inmediato siguiente Canadá manifestó su intención de iniciar una consulta paralela, misma que tenemos conocimiento es similar a la de sus homólogos norteamericanos, la cual plantea la existencia de diversas violaciones persistentes a los artículos 2.3 (acceso a mercado y trato nacional y en relación con el artículo tercero del GATT) y 14.4 (trato no menos favorable a inversionistas extranjeros y a sus inversiones) del T-MEC. Adicionalmente, se argumenta que se violan los artículos 2.11 (al restringir las importaciones de bienes y servicios de EUA y Canadá), 22.5.2 (el órgano de gobierno – CRE – no es imparcial al ejercitar sus funciones) y 29.3 (ya que México no administra sus leyes de manera consistente, imparcial y de forma razonable). En materia de distribución y venta de diésel con bajo contenido de azufre, se alegan violaciones a los artículos 2.3 (acceso a mercado y trato nacional) y 22.5.2 (ejercicio parcial de las facultades regulatorias). Por otra parte, en materia de servicios de transporte de gas natural, nuestros socios comerciales alegan la violación de los artículos 2.3 (acceso al mercado y trato nacional – derivado de la Estrategia de garantía de suministro para la optimización de capacidad en el SISTRANGAS, delineada por a SENER y mediante la cual se beneficia artificialmente a PEMEX y a la CFE) y el 2.11 (restricciones de importaciones de bienes a México que afectan a los inversionistas extranjeros).
Cabe recordar que el Presidente de México, López Obrador, manifestó su interés en modificar el régimen legal energético de México, con el fin de revivir y fortalecer a PEMEX y a la CFE en su calidad de empresas productivas del Estado. Según el Presidente, sus predecesores se encargaron de destruir deliberadamente a ambas empresas productivas del Estado al ceder el mercado energético de México a manos extranjeras. Al revertir la reforma energética del 2013, a través de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos y más recientemente con su frustrada reforma constitucional al sector, el gobierno federal pretende proteger y privilegiar a PEMEX y a la CFE sobre el resto de los actores energéticos que operan en el país, tanto nacionales como extranjeros.
En el fondo y en términos prácticos, ¿qué es lo que nuestros socios comerciales necesitan?:
En la corta vida del T-MEC, este es el cuarto caso de disputas generadas por la interpretación y/o aplicación del acuerdo comercial. Sin embargo, nos parece que, en este caso, esta es la disputa más seria que se ha presentado bajo el Tratado, ya que puede tener repercusiones muy importantes para la economía mexicana a mediano y largo plazo. Varios analistas en la materia han vaticinado que las afectaciones potenciales para México derivadas de las violaciones al T-MEC pueden representar pérdidas del orden de los 10 mil a 30 mil millones de Dólares, afectación que representará un grave golpe a la economía mexicana.
El tema de preocupación para los mexicanos es que las medidas que se han venido adoptando tienen diversos efectos negativos tales como: (i) ahuyenta y desalienta las inversiones en materia energética en nuestro país, tanto nacionales como extranjeras; (ii) generarán desabasto de energía a mediano plazo y precios más altos para hacer negocios en nuestro país; (iii) limitarán la llegada de nuevas inversiones extranjeras a México, así como pueden desalentar las inversiones futuras de aquellos inversionistas que ya operan aquí, dado que no podrán dar cumplimiento a sus planes y políticas globales de consumo de energías limpias, tal como en el caso de la industria automotriz; y (iv) encarecerán los precios de los bienes y servicios que consumimos en México, dado que las mayores facturas por concepto energético seguramente se le trasladarán al consumidor.
Será trascendente observar cómo se desahogan estas consultas en los siguientes 75 días, en los que Estados Unidos y Canadá intentarán convencer al gobierno de México que efectivamente los cambios legislativos aprobados por el Congreso Federal a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos, así como las medidas administrativas adoptadas por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y otros reguladores, así como la denegación de permisos y autorizaciones a los inversionistas en materia energética y el silencio administrativo de los reguladores, son todas ellas violaciones al T-MEC.
De no llegar a un acuerdo comercial satisfactorio, los países afectados, podrán solicitar se establezca un panel de expertos que determinará si el asunto es efectivamente incompatible con las obligaciones de México bajo el T-MEC. Si se determina la responsabilidad del gobierno mexicano por infringir dicho tratado comercial, las partes pueden acordar cómo solucionar la controversia, ya sea modificando o eliminando la medida controvertida, o bien estableciendo una compensación.
Y esta es la parte más delicada de esta controversia, pues el o los Estados afectados pueden legalmente implementar medidas de represalia o “retaliación” comercial, que suspenden de forma equivalente e inmediata los beneficios arancelarios que se le otorgan a los productos mexicanos que se exportan a Canadá y Estados Unidos al amparo del T-MEC. En términos generales, los países afectados realizan una evaluación minuciosa de los sectores, productos e industrias que representan el principal impacto comercial para el país y sobre ellos se negarán las preferencias arancelarias y se imponen los aranceles generales al momento que esos bienes mexicanos se importan al territorio de los países afectados.
Existe además la posibilidad de que varias naciones europeas, iniciando por España, Gran Bretaña y Francia, entre otros, pudieran iniciar procedimientos de disputa similares previstos en el Acuerdo de Libre Comercio suscrito por México con la Unión Europea y los Acuerdos Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones de los que México es parte, conocidos como APPRIs que son 32 en total.
El efecto dominó que esta disputa puede generar será de alto impacto para la economía nacional, afectando directa o indirectamente a las principales cadenas de valor que llevan años en construirse (como el caso de la automotriz), las cuales pueden ser afectadas repercutiendo negativamente en el comercio internacional de la región. Por lo que habrá que estar atentos y preparados de forma estratégica y preventiva, como asesores, empresarios e inversionistas, a la evolución de estas consultas con nuestros socios comerciales.
Valdría mucho la pena que las cámaras empresariales y gremiales del país formen un frente común para apoyar al gobierno mexicano a resolver de forma legal, respetuosa y estructural esta potencial controversia en beneficio de nuestra estabilidad económica y de las generaciones futuras que pueden heredar este potencial impacto comercial.
Este boletín fue elaborado por Guillermo Villaseñor Tadeo ([email protected]), Alfonso López Lajud ([email protected]), José Antonio Postigo Uribe ([email protected]), Turenna Ramírez Ortiz ([email protected]), Gerardo Prado Hernández ([email protected]), Verónica Esquivel Patiño ([email protected]), Mauricio A. León Alvarado ([email protected]), Tania Elizabeth Trejo Gálvez ([email protected]), José Antonio Téllez Martínez ([email protected]) y Paulina Doen Castillo ([email protected]).
